Medidas Anti petróleo: reducción de los vehículos en circulación.

El Derecho, por norma, es una realidad dinámica y está sujeta a continuos cambios y correcciones, para intentar adaptarse a las necesidades sociales del momento. Muchos de esos cambios responden a la coyuntura económica, como la entrada en vigor de la limitación de velocidad a 110 Km/hora en las autovías y autopistas, entre otras medidas.  Éstas tienen el objetivo de intentar reducir el consumo de energía, sobre todo por la subida de precios que está sufriendo España, a causa de las revueltas que están teniendo lugar en el Libia, país del cual dependemos, y mucho, petrolíferamente hablando.

No es extraño encontrar titulares en la prensa, que traten sobre el cambio climático, la necesidad de reducir el consumo energético, y el número elevado de vehículos que circulan hoy por nuestras carreteras y ciudades. Tampoco debe extrañar que uno de los objetivos que aparecen recogidos en las agendas de nuestros políticos, sea precisamente la adopción de una serie de medidas intencionalmente correctoras, para reducir el número de vehículos en circulación. Estos días hemos podido leer en la prensa muchas ideas al respecto, como la implantación de una medida para sustituir una gran cantidad de neumáticos viejos, por unos nuevos con un menor coeficiente de fricción y más ecológicos, el aumento de las zonas de estacionamiento de pago en las ciudades (zona verde y zona azul), la reducción de un 5% en el precio de las tarifas de los transportes públicos, la sustitución de las unidades de alumbrado por otras de bajo consumo, etc.

Se trata de una cuestión compleja, porque quien decide coger el coche para desplazarse es porque, seguramente, no tiene otra alternativa de transporte mejor. Las medidas citadas en el párrafo anterior, son sólo, posiblemente, parcialmente satisfactorias. Quien vive en una gran ciudad como Barcelona, y trabaja en la misma, es muy probable que utilice el transporte público para desplazarse. Pero quien vive fuera de la ciudad, en cualquiera de los pueblos del Baix Llobregat, o incluso aún más lejos, muchas veces no encuentra una alternativa de transporte para acudir a su puesto de trabajo. Además, muchas medidas que pueden favorecer a los ciudadanos de la condal, pueden suponer un grave perjuicio para quienes vienen de fuera a trabajar, ya que no tienen otro remedio que pagar. Ya sea, por dejar su coche en la calle, con un límite de dos horas a un precio abusivo, teniendo en cuenta que se trataría de un gato diario y que ya se paga un impuesto de circulación, de matriculación, etc. Ya sea, por alquilar o comprar una plaza de parking.

Es quizás en ese sector de población, en dónde se tendrían que centran próximas medidas con carácter de urgencia (pero no con las prisas que van en detrimento de la calidad de la medida), buscando alternativas al transporte privado. La principal alternativa es el transporte público, así que deberían ser los ayuntamientos de los pueblos periféricos a las grandes ciudades, los encargados de llevar a cabo un estudio para implantar nuevas líneas de autobuses o autocares, a precios públicos, y mejorar las frecuencias de las ya existentes. También se debería estudiar la posibilidad de premiar a las empresas privadas que dispongan de un servicio mínimo de autocares para sus empleados (como ya lo hacen con gran acierto muchas) a través de subvenciones o con algún tipo de ventaja fiscal. ¿Qué tal una rebaja fiscal en el impuesto de carburantes para este tipo de vehículos, que se destinan al transporte de viajeros, ya sea, como servicio público, o como iniciativa privada a través de las empresas? La gran mayoría de vehículos que colapsan las entradas y salidas de las ciudades en horas punta, transportan a un solo viajero. De modo que si se consigue que las principales empresas y fábricas configuren además un sistema de transporte privado, que sea utilizado por al menos un 20% de la plantilla, los beneficios sociales serían mayúsculos.

Se trata en términos económicos o hecendísticos, de gestionar las externalidades positivas y negativas, que una determinada conducta o producto produce o repercute en la sociedad, a través de medidas de intervención por parte del Gobierno. La idea de intervención puede causar reparos y puede resultar incluso bastante incómodo, si tenemos en cuenta que nuestro sistema económico se basa en el capitalismo. No obstante, asistimos activa o pasivamente a numerosas medidas de intervención, ya sea a modo de restricciones (como es la reducción de los límites de velocidad), ya sea a modo de impulsos y ayudas. En cualquier caso correcciones que bien gestionadas pueden suponer unos beneficios considerables a la sociedad, pero que mal llevadas genera rechazo y desconfianza hacia las instancias políticas. Uno de los argumentos que existen en contra de estas nuevas medidas proahorradoras, es que subyace un interés recaudatorio por parte de la Administración, por medio de la sanción.

En cualquier caso, ese es el objetivo del Derecho y de la política, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. El problema es que muchas veces, las ciudadanos perciben una brecha insalvable entre la clase política y ellos (que solo se reduce cuando estamos en campaña electoral), y que sus necesidades no son resueltas, ni tienen la oportunidad de expresarse para poner de manifiesto sus opciones. Es quizás ahí dónde radique buena parte de la solución, ya que, en un buen acuerdo (y se supone que existe un acuerdo entre la clase política y los ciudadanos, al menos formalmente) los intereses de ambas partes deben quedar altamente reflejados. Sin llegar a constituir una democracia directa, si que se deberían buscar mecanismos (tal vez aprovechando las nuevas tecnologías) para recoger las voces de los ciudadanos sobre determinados asuntos, con el objetivo de adoptar unas medidas más satisfactorias.

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