Bruce Dickinson, de cantar metal pesado a repararlo

Seguramente a muchos les suene este nombre, Bruce Dickinson. Y es que es el nombre del canante del legendario grupo de metal Iron Maiden. No es que ahora el blog se haya convertido en un blog de música, ni mucho menos de música heavy (aunque por otro lado no estaría mal, porque habrían más buenas noticias). Seguimos siendo un blog jurícido y debate y crítica social. Si no que leyendo un diario por internet esta mañana, nos hemos encontrado con este curiosa noticia, y hemos querido compartirla con todos los lectores.

Bruce Dickinson, que además de cantante es piloto, ha decido crear una empresa de reparación de aviones y formación de pilotos y técnicos de reparación. El cantente tiene pensado alquilará un hangar cerca del aeropuerto de Cardiff (Gales) que la Fuerza Aérea británica usó durante 75 años para reparar sus aviones, y que ha sido recientemente abandonado.

Bruce Dickinson: Los famosos preocupados por la crisis

Sin duda se trata de una buena noticia, ya que es una muestra de cómo algunos famosos están preocupados por la situación actual de crisis. Así mismo lo ha manifestado el cantante, al decir que con este proyecto lo que quiere es crear puestos de trabajo, a la vez que lo combina con una de sus grandes pasiones, los aviones. Dice que los aviones son objetos valiosos y que se deben de cuidar.

Precisamente el otro día hablaba con amigo, y entre otras cosas, salió el tema de los ricos y la crisis. Y de cómo los ricos concentran el foco de muchas envidias, ya que pese a que el dinero no da la felicidad, si que ayuda a vivir de forma más despreocupada. Pero en definitiva, celebrábamos que algunos ricos, como es el caso de Bruce Dickinson, el cantente de Iron Maiden, arriesgaran su dinero para emprender un proyecto, que puede servir para dar de comer a muchas familias, dándoles trabajo.

Desde aquí esperamos que muchos otros se animen y que lleven a cabo sus proyectos, para que, además de poder ver cumplidos sus sueños, ayuden otros a que puedan encontrar un buen trabajo. No sé qué pensáis vosotros, pero a mi esta noticia me ha parecido una buena noticia.

 

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El paro aumenta en España y las agencias de calificación no ayudan

El paro en España sigue en aumento. Se trata de una triste realidad que azota a la confianza de la economía española en su conjunto. Pero también individualmente, ya que, según he podido leer hoy en un diario económico, uno de cada cinco cabezas de familia están en el paro. A fecha de hoy, la tasa de desempleo alcanza un 24,4% lo que se traduce en 5.639.000 parados, según datos de dicho diario económico (cincodías)

Pero lo realmente alarmante es que no solo el paro azota a nuestra economía (en este caso, del Estado español, aunque también es algo extrapolable a cualquier país). Y es que parece ser que las agencias de calificación, nos tienen en el punto de mira.

¿Qué son las agencias de calificación?

¿Y que son las agencias de calificación se preguntarán muchos? Pues las agencias de calificación son unas empresas que elaboran una serie de informes basados en la predicción sobre un determinado producto financiero, una determinada administración o empresas, o incluso un determinado país. Estos informes son elaborados por cuenta de un cliente, que puede ser a su vez otra empresa, como por ejemplo un banco, y lo que valoran es el riesgo que tiene un determinado sujeto (una empresa o un Estado) de afrontar el pago una deuda. En definitiva, se trata de un informe que valora la confianza que hay que depositar hacia un determinado sujeto para saber qué probabilidades hay de que nos pague si le concedemos un crédito.

Existen varias agencias de calificación, pero las más importantes de todas, las que realmente manejan el cotarro son tres: Standard & Poor’s  (Estados Unidos), Moody’s – Moody’s Investors Service (Estados Unidos) y Fitch – Fitch Ratings  (Estados Unidos – Reino Unido). Estas agencias elaboran dichos informes a los que también podemos referirnos como “rating” cuya definición es la calificación crediticia de una determinada empresa o institución,  realizada por una agencia especializada, y que ordena dichos niveles de confianza sobre su solvencia con letras, que a modo de ejemplo, se presenta más o menos así: AAA (significa que cuenta con la mayor confianza de dichas agencias sobre su solvencia y capacidad de retorno de un crédito), AA, A, BBB+, BB… y así sucesivamente de acuerdo a ese nivel de confianza sobre su solvencia.

¿Quién califica a las agencias de calificación? ¿Quién vigila a los vigilantes?

El problema de las agencias de calificación es que su opinión es muy tenida en cuenta por los mercados, aunque no deja de ser un informe que se basa en la probabilidad no en la certeza. Aunque se traten de agencias especializadas y seguramente tengan entre sus filas a numerosos expertos y gurús económicos, no deja de ser una opinión, y por lo tanto, ésta puede ser errónea. Tan errónea como lo puede ser la sentencia de un juez, que no es más que la opinión de un experto en Derecho elaborada en el marco de un procedimiento regido por una serie de leyes, sobre un determinado asunto. Por suerte, si creemos que un juez se ha equivocado, existen una serie de mecanismos que, como parte perjudicada, nos permitirán interponer un recurso, para paliar precisamente los posibles errores que el juez como ser humano haya podido cometer.

El problema es que no existen, que yo sepa, unos mecanismos similares para mitigar los efectos de una calificación, realizada por una persona experta, que puede no ser del todo correcta. De hecho, ya ha habido casos en los que un producto que había sido calificado con la nota máxima, luego ha resultado ser un producto “basura” por utilizar la terminología de estas agencias. Sirva de ejemplo los paquetes de productos financieros que contenían las famosas hipotecas subrprime o “activos tóxicos”, y que han convertido a las agencias de calificación, de sospechosas de no prever (algunos dirían provocar) la crisis.

Consecuencias sobre la calificación de solvencia de dichas agencias

Acertadas o no, las opiniones que emiten dichas agencias de calificación, no dejan de ser peligrosas, en el sentido de que en función del rating o la nota que haya recibido un determinado producto, empresa o institución, los mercados van a actuar de un forma u otra. De modo que la inversión, que puede ser la llave para muchas empresas y Estados, puede ser que no llegue porque unos señores crean que no son fiables, o que encarezcan el crédito porque existe un riesgo alto (riesgo que alimentan dichas agencias en ocasiones), dificultando aún más la situación.

Por supuesto, lo más grave de todo esto, es que detrás de dichas situación (de crisis se entiende), hay personas que lo están pasando realmente mal, familias y jóvenes que tienen que soportar leer titulares como el que me ha motivado a escribir este post: “Standard & Poor’s no contempla creación de empleo en toda la legislatura”.

El paro aumenta en España y las agencias de calificación, con este tipo de opiniones, no ayudan a que la situación mejore, a que la inversión vuelva a fluir de la forma adecuada, a que el dinero “engrase” (como diría Leopoldo Abadía) el sistema para que la economía se reactive, y en definitiva, se creen nuevas oportunidades de empleo y de negocio.

Geir Haarde, ex primer ministro Islandés condenado por la crisis.

Geir Haarde, tiene el dudoso honor, de ser el primer líder político que ha sido juzgado y condenado en un proceso judicial por no haber actuado de una forma diligente ante la terrible crisis económica que estamos sufriendo desde el año 2007. Para ello, Islandia ha tenido el honor, también dudoso, de inaugurar un Tribunal específico para juzgar a los mandatarios políticos por su actuación durante el desempeño de sus funciones. Se trata del “Landsdómur”, una corte especial que se encarga del conocimiento de procesos que afectan a miembros del Gobierno, creada en el año 1905. El Tribunal lo integran  quince personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

Es la primera vez que el “Landsdómur” lleva a cabo una actuación, aunque la escasa jurisprudencia de este Tribunal, va tener un valor simbólico importantísimo. Sin duda supone un precedente importantísimo que sería deseable que se extendiera al resto de países europeos. No se trata ahora de hacer una caza de brujas ni de buscar a un cabeza de turco para que recaiga sobre él toda la culpa de la llamada crisis. Hacer esto, sería hacer un ejercicio de reduccionismo muy peligroso y, en definitiva, de engaño a la opinión pública. Son muchas las causas que han provocado la crisis actual.

Geir Haarde, y el valor simbólico de su condena

No obstante, Geir Haarde, el ex primer ministro de Islandia condenado por el “Landsdómur”, no va a tener que cumplir pena ninguna, según he podido leer en el Periódico de Cataluña, y ni tan siquiera va a tener que asumir el coste del procedimiento judicial, cuya cuantía asciende a 24 millones de coronas islandesas (unos 143.000 euros), que sufragará las arcas públicas del Estado islandés. Incluso hay que decir, que ha resultado absuelto de tres de los cuatro cargos que se le imputaban. Por eso decíamos anteriormente, que se trata más bien de un gesto o condena simbólica, aunque en cualquier caso, de una importancia notable.

Los políticos asumen la obligación de llevar a cabo la gestión y dirección de un país o de una determinada administración. Lo que significa que, tienen bajo su responsabilidad, la realización de toda una serie de actuaciones y tareas, que recaen en mayor o menor medida, en unos presupuestos que se han confeccionado con el dinero de todos los ciudadanos, les hayan votado o no. Lo importante de todo esto, es que, lo que exige el ciudadano, es que los políticos sean diligentes en el manejo del dinero de todos, y que asuma la responsabilidad de sus actos. En Islandia se ha juzgado a un político por negligencia en su actuación, y en España se están juzgando a políticos por corrupción. Pero de este tema ya hablaremos más adelante.

El Impuesto de Patrimonio como medida populista.

Hace pocos días, el Gobierno del señor Zapatero, aprobó un impuesto retirado años atrás. Se trata del Impuesto de Patrimonio, cuya aprobación en plena carrera a las elecciones, no es más que una muestra de una medida improvisada y populista, por parte del PSOE.

Se trata de una figura un tanto particular, en cuanto a su singularidad, ya que es difícil encontrar un impuesto parecido en los países de nuestro entorno. Sin embargo, se presenta como un remedio eficaz contra la crisis, con el argumento de que es un impuesto que grava a las grandes fortunas. Es fácil sumarse a la consigna de que la crisis, la deben pagar los ricos.

Y con este impuesto, recuperado del baúl de los recuerdos, parece que se puede conseguir algo parecido a que sean los ricos los que paguen la crisis. Efectivamente, los ricos al estar en mejor posición de contribuir con los gastos públicos, deberían ser los que soporten la mayor carga fiscal en aras del interés general. Pero cuidado. Hay muchas formas de que los ricos contribuyan al sostenimiento de las cargas sociales, y sobre todo, a la creación de riqueza. Estoy pensando en creación de empresas, puestos de trabajo, inversiones, etc.

No sólo a través de un Impuesto sobre el Patrimonio, y menos tal y como está configurado actualmente, donde el objetivo sea recaudar sin más, se va a acabar con la crisis. De hecho, el candidato a las elecciones del 20-N, el señor Rubalcaba, ya ha admitido que el impuesto “está mal formulado” y que debe ser objeto de modificación o de sustitución. Sin embargo, mantendrán su vigencia hasta el 2013. Empezamos mal. O tal vez habría que decir, seguimos haciéndolo mal.

El Impuesto de Patrimonio y efecto recaudatorio, de votos por supuesto.

El Impuesto de Patrimonio tiene un efecto recaudatorio claro; su objetivo principal es el de recaudar un puñado de votos. Pero ya hemos visto que con medidas populistas no se dirige un país. Al final, te das cuenta que es contraproducente. Nadie va a confiar en ti, cuando uno de los factores clave para salir de esta crisis, es la confianza.

¿Porqué perjudicar al ahorro? Es un error, ya que otro de los factores clave para superar la crisis, es el ahorro. Estamos hartos de oír que hay que apretarse el cinturón, y de que hay que hacer esfuerzos. Pensaba que con esta expresión se referían al ahorro. Aunque lo único que veo, es que un gobierno que se dice ser socialista, ha llevado a cabo una política de recortes más propios de la “derecha”, y se ha dedicado a desmantelar el estado social.

Sobre esto último, los Gobiernos del PP madrileño y castellano-manchego, y el Gobierno de CIU en Cataluña, tampoco se quedan cortos. Precisamente tocan lo que no hay que tocar, enseñanza y educación. No obstante, me da miedo pensar que la herencia que les han dejado sus antecesores, sea tan traumática que no haya otro remedio a corto-medio plazo. Y por eso, me hago una pregunta: ¿Qué pasará tras las elecciones del 20-N?

Foto: archivo del Eleconomista

Sobre Democracia Real Ya: ¿irás a votar el día de las elecciones?

Lo que aquí se escribe no es más que una simple opinión, como no podría ser de otra manera en un blog donde prima el debate y el intercambio de puntos de vista. A lo largo de esta semana hemos podido ver otra muestra de la indignación de parte de la sociedad respecto al panorama político y socioeconómico actual. Una de las manifestaciones más notorias de ese descontento, han sido las diversas acampadas y manifestaciones, que alrededor de la agrupación “Democracia Real Ya”, se han organizado en diferentes ciudades de España. Todo ello en víspera de unas elecciones municipales y autonómicas importantísimas, debido a la delicada situación de nuestro país.

Efectivamente, hay una serie de problemas que necesitan respuesta y, por lo tanto, resulta lógico que se busquen culpables y responsabilidades sobre los mismos. Sobre todo cuando los principales sospechosos tienen la obligación de resolverlos, y sin embargo parece que no lo hacen. O por lo menos esa es la sensación que de su actitud se desprende. La brecha entre la clase política y los ciudadanos parece que se hace cada vez mayor, ya que las necesidades de éstos no encuentran respuesta en aquellos que en su día fueron elegidos para ello.

La ciudadanía exige responsabilidades

Desde un punto de vista formal, la palabra ciudadano implica que todos somos iguales ante la Ley y que por tanto, tenemos los mismos derechos y obligaciones. El derecho de igualdad es un derecho fundamental, recogido en el art. 14 de la Constitución española del 1978. No obstante, pese a la igualdad formal, existen muchas desigualdades materiales que el Estado, en su faceta de prestacional, debe intentar corregir y solventar en la medida de lo posible, tal y como se desprende del art. 9.2 CE.

Por eso, ante la situación en la que nos encontramos, los ciudadanos exigimos que se trabaje en esa dirección, en la de resolver las necesidades reales de los ciudadanos. La política no debe estar al servicio de unos pocos, para sus beneficios e intereses personales, ya que la política no es sino que el instrumento (potencialmente adecuado) para resolver o gestionar el conflicto social, en un sentido amplio. La ciudadanía exige responsabilidades, y se supone que formalmente está en disposición de hacerlo, pues “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. O al menos eso dice la Carta Magna en su art. 1.2.

¿Quién manda? Si la soberanía reside en el pueblo, se supone que quien dispone de la sociedad son los ciudadanos que la componen. Pero al ver que en la realidad esto no es así ni mucho menos, la gente, entre desánimo y desidia, se hace la siguiente pregunta: ¿Para qué tomarme la molestia de ir a votar un domingo? ¿Qué hacen “ellos” por “nosotros” (como dando por hecho la distinción entre unos y otros, y presuponiendo una brecha insalvable)?

La importancia del voto -VS- ¿Para qué tomarme la molestia de ir a votar un domingo

Pese a que los políticos se alimentan de nuestros votos, también a través de ellos podemos cambiar las cosas. Es la única manera, al menos legalmente y políticamente a día de hoy, que tenemos para expresarnos y conseguir la tan deseada regeneración política. Por eso, pese al evidente y lógico desencanto y rechazo frente a la clase política, es un derecho que tiene una historia, y que debemos ejercer si queremos conseguir que los jugadores de la partida cambien, y jueguen según nuestras reglas. Bueno esto último es más complicado, incluso ocioso. Pero en mi opinión, no ejercer tu derecho a votar, es favorecer a los partidos de siempre, ya que ellos siempre tendrán un número de votos seguros equivalente al número de sus militantes. En suma, no pueden decidir sobre la mayoría de la sociedad, por no haberse tomado la molestia un domingo. ¡Hay que ir a votar!

Sobre la discriminación positiva: correlación entre derechos y deberes

El debate que gira en torno a la “discriminación positiva” siempre debe ser tratado con delicadeza y prudencia, si no queremos caer en el error y en la crispación. Tal y como comentábamos en un post anterior, ninguna discriminación es positiva, ya que al discriminar, ningún efecto positivo podemos obtener, a pesar de que algunas medidas políticas pretendan lo contrario.

Desde el punto de vista económico, los recursos se presentan más bien escasos. Pero son más escasos aún en épocas de crisis, donde el concurso ante un determinado puesto de trabajo, oportunidad, plaza escolar, u otro, se presenta como tremendamente difícil y desequilibrado. Y es que, hay un gran volumen de participantes que luchan para distribuirse los pocos recursos que hay en juego. Por lo que, debemos tratar de definir unas reglas de juego, que no giren en torno a la idea de exclusión o de discriminación positiva, que a efectos prácticos viene a ser lo mismo.

La discriminación positiva no debe confundirse con causas sociales

La discriminación positiva no debe ser confundida con las causas sociales, como elemento de puntuación ante la asignación o distribución de los escasos recursos, que tantos ciudadanos se disputan. Por eso son tan detestables las políticas de cupos o paritarias, en el sentido de distribuir cargos u oportunidades, tomando como referencia rasgos o elementos que han sido considerados históricamente, como de exclusión social, o atendiendo a una situación pretendidamente de más desfavorecidos.

Hay que tener cuidado, porque es ahí donde determinadas políticas reaccionarias y de verdadera discriminación (en la debemos incluir también la llamada positiva), pueden encontrar un perfecto caldo de cultivo, para desarrollarse y ganar fuerza. Es muy fácil escuchar en estos días, opiniones en contra de la inmigración por parte de los jóvenes (y no tan jóvenes), que perciben como sus impuestos no son devueltos en formas de prestaciones sociales, al menos en la proporción deseable para ellos. Hay partidos que han aprovechado esta percepción, para abanderarla bajo lemas un tanto discutibles, que por supuesto no procede reproducir aquí (tampoco hace falta porque ya nos podemos imaginar qué tipo de consignas se trata), y arrastrar así un puñado de votos.

También podemos ver como determinados partidos pseudoprogres, se suman a la guerra de proclamas, posicionándose como los más garantes defensores de la libertad, la igualdad de derechos y la no discriminación. Es curioso, porque muchas veces, esa misma discriminación de la que tanto abominan, la han creado ellos (o al menos han contribuido), en su versión de “discriminación positiva”, en lugar de trabajar por la correcta distribución entre derechos y obligaciones.

No a la discriminación positiva, sí a la correlación entre derechos y obligaciones.

Para evitar esa sensación discriminatoria o excluyente, que se desprende de las políticas de cupos o de discriminación positiva, hay que trabajar en la siguiente dirección. Ningún derecho es bueno si no se le correlaciona un deber u obligación. Esta idea se puede ejemplificar muy bien, si la relacionamos con el tema de la inmigración y la crisis. Sobre todo ahora que están teniendo lugar serios recortes en los ámbitos de sanidad y educación, sectores que preocupan y mucho a los ciudadanos en particular, y al Estado social en general.

Al menos debe ser un elemento prioritario a tener en cuenta, a la hora de gestionar o repartir los pocos recursos que hay, para satisfacer la tan alta demanda de prestaciones sociales. Hay que tener en cuenta que ningún estado tiene la obligación de soportar las cargas sociales de otro estado. Al menos desde el punto de vista administrativo, ya que, desde el punto de vista social, hay que recordar que son personas y no números o bultos.

Los poderes públicos y decisores, deben tener en cuenta el elemento de valoración planteado, para evitar así que se produzca una “discriminación positiva” (que sólo lo es conceptualmente hablando), y encontrar los equilibrios entre derechos-prestaciones y deberes-impuestos, para con los ciudadanos.

Tras la sucesión política: problemas y consecuencias

La cuestión sobre la sucesión política, tal y como se ha comentado en anteriores entradas de este blog, y el debate que gira en torno a ella, está presente en muchos titulares de prensa a lo largo de estos días. Muchas son las especulaciones acerca de quién va ser el sucesor del Sr. Zapatero, sí es que finalmente renuncia a la posibilidad de seguir al frente de su partido y presentarse de nuevo a las elecciones.

No obstante, los titulares sobre la sucesión política y el debate sucesorio, dejarán paso a nuevos encabezamientos sobre la situación real económica, en la que se encuentran muchos municipios españoles. La impresión general en España es que estamos en crisis. Sensación que no comparten muchos países de la UE como Alemania o Francia, en los que parece que ésta ya haya pasado, o que al menos pueda hablarse de un período de recuperación. Mientras que en otros países como en Portugal, la situación se presenta como grave y muy complicada, ya que se considera que es un Estado con serios problemas de solvencia. Por lo que las dudas, principal fuente de la desconfianza, surgen acerca de la situación de España. ¿Qué pasará tras la sucesión política? ¿Qué consecuencias o problemas pueden plantarse tras las elecciones?

En Cataluña, tras las elecciones autonómicas del 28 de noviembre, ya se han empezado a aplicar importantes recortes con el objetivo de obtener un reajuste en la economía, y conseguir así reducir el déficit. Y aquí no se trata de políticas de izquierdas o de derechas, sino de gestionar una difícil situación heredada. En épocas de crisis, se hace imperativo apretarse el cinturón, y ahí no caben distinciones ideológicas. Mientras que, en épocas de bonanza económica, es posible aplicar un mayor gasto en la realización de políticas sociales, tal y como corresponde en un estado social como lo es el nuestro. Por lo que no podemos caer en el error de atribuir toda política social a la izquierda, ya que es algo que cualquier partido, independientemente del color o de las siglas que abandere, tiene el deber de realizar, ya que de lo que se trata es de gestionar. Para eso contratamos a nuestros políticos, que firman su contrato a través de nuestro voto.

Tras la sucesión política: la herencia complicada de los ayuntamientos.

Por lo que, la sucesión política municipal tendrá una serie de consecuencias importantes. En el plano político, será una muestra más de la necesidad de un cambio que la ciudadanía reclama, y que sólo puede hacer efectivo, aunque sea de un modo parcialmente satisfactorio, a través de las elecciones. En el plano económico, supondrá una revelación del estado real de algunos ayuntamientos, que están al borde del colapso económico. Los sucesores políticos, primero en las prontas elecciones municipales, y después en las generales, tendrán que hacerse cargo de una herencia un tanto complicada. Por lo que surgirán nuevas dudas, y por lo tanto, se generará incertidumbre, mermando en consecuencia la confianza del Estado español para con sus vecinos. Los herederos políticos (aunque en realidad todos somos herederos de esta situación) deberán actuar y gestionar esta masa para poder reducir el déficit y provocar la recuperación a la crisis.

Por lo que, se hará necesario apretarse el cinturón, y realizar serios recortes, muchos motivados por la crisis, otros tantos provocados por una mala gestión de nuestros actuales representantes, y resolver cuestiones tales como, el adelgazamiento de la administración, racionalización de recursos, eficiencia administrativa… ¿Realmente son necesarios (mantener) más de 8000 municipios? Sin duda son cuestiones de necesaria observancia para poder salir (o al menos afrontar) de esta crisis, que sí en su día fue mundial, ahora podemos decir, que poco a poco se va sectorizando.