Geir Haarde, ex primer ministro Islandés condenado por la crisis.

Geir Haarde, tiene el dudoso honor, de ser el primer líder político que ha sido juzgado y condenado en un proceso judicial por no haber actuado de una forma diligente ante la terrible crisis económica que estamos sufriendo desde el año 2007. Para ello, Islandia ha tenido el honor, también dudoso, de inaugurar un Tribunal específico para juzgar a los mandatarios políticos por su actuación durante el desempeño de sus funciones. Se trata del “Landsdómur”, una corte especial que se encarga del conocimiento de procesos que afectan a miembros del Gobierno, creada en el año 1905. El Tribunal lo integran  quince personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

Es la primera vez que el “Landsdómur” lleva a cabo una actuación, aunque la escasa jurisprudencia de este Tribunal, va tener un valor simbólico importantísimo. Sin duda supone un precedente importantísimo que sería deseable que se extendiera al resto de países europeos. No se trata ahora de hacer una caza de brujas ni de buscar a un cabeza de turco para que recaiga sobre él toda la culpa de la llamada crisis. Hacer esto, sería hacer un ejercicio de reduccionismo muy peligroso y, en definitiva, de engaño a la opinión pública. Son muchas las causas que han provocado la crisis actual.

Geir Haarde, y el valor simbólico de su condena

No obstante, Geir Haarde, el ex primer ministro de Islandia condenado por el “Landsdómur”, no va a tener que cumplir pena ninguna, según he podido leer en el Periódico de Cataluña, y ni tan siquiera va a tener que asumir el coste del procedimiento judicial, cuya cuantía asciende a 24 millones de coronas islandesas (unos 143.000 euros), que sufragará las arcas públicas del Estado islandés. Incluso hay que decir, que ha resultado absuelto de tres de los cuatro cargos que se le imputaban. Por eso decíamos anteriormente, que se trata más bien de un gesto o condena simbólica, aunque en cualquier caso, de una importancia notable.

Los políticos asumen la obligación de llevar a cabo la gestión y dirección de un país o de una determinada administración. Lo que significa que, tienen bajo su responsabilidad, la realización de toda una serie de actuaciones y tareas, que recaen en mayor o menor medida, en unos presupuestos que se han confeccionado con el dinero de todos los ciudadanos, les hayan votado o no. Lo importante de todo esto, es que, lo que exige el ciudadano, es que los políticos sean diligentes en el manejo del dinero de todos, y que asuma la responsabilidad de sus actos. En Islandia se ha juzgado a un político por negligencia en su actuación, y en España se están juzgando a políticos por corrupción. Pero de este tema ya hablaremos más adelante.

El Impuesto de Patrimonio como medida populista.

Hace pocos días, el Gobierno del señor Zapatero, aprobó un impuesto retirado años atrás. Se trata del Impuesto de Patrimonio, cuya aprobación en plena carrera a las elecciones, no es más que una muestra de una medida improvisada y populista, por parte del PSOE.

Se trata de una figura un tanto particular, en cuanto a su singularidad, ya que es difícil encontrar un impuesto parecido en los países de nuestro entorno. Sin embargo, se presenta como un remedio eficaz contra la crisis, con el argumento de que es un impuesto que grava a las grandes fortunas. Es fácil sumarse a la consigna de que la crisis, la deben pagar los ricos.

Y con este impuesto, recuperado del baúl de los recuerdos, parece que se puede conseguir algo parecido a que sean los ricos los que paguen la crisis. Efectivamente, los ricos al estar en mejor posición de contribuir con los gastos públicos, deberían ser los que soporten la mayor carga fiscal en aras del interés general. Pero cuidado. Hay muchas formas de que los ricos contribuyan al sostenimiento de las cargas sociales, y sobre todo, a la creación de riqueza. Estoy pensando en creación de empresas, puestos de trabajo, inversiones, etc.

No sólo a través de un Impuesto sobre el Patrimonio, y menos tal y como está configurado actualmente, donde el objetivo sea recaudar sin más, se va a acabar con la crisis. De hecho, el candidato a las elecciones del 20-N, el señor Rubalcaba, ya ha admitido que el impuesto “está mal formulado” y que debe ser objeto de modificación o de sustitución. Sin embargo, mantendrán su vigencia hasta el 2013. Empezamos mal. O tal vez habría que decir, seguimos haciéndolo mal.

El Impuesto de Patrimonio y efecto recaudatorio, de votos por supuesto.

El Impuesto de Patrimonio tiene un efecto recaudatorio claro; su objetivo principal es el de recaudar un puñado de votos. Pero ya hemos visto que con medidas populistas no se dirige un país. Al final, te das cuenta que es contraproducente. Nadie va a confiar en ti, cuando uno de los factores clave para salir de esta crisis, es la confianza.

¿Porqué perjudicar al ahorro? Es un error, ya que otro de los factores clave para superar la crisis, es el ahorro. Estamos hartos de oír que hay que apretarse el cinturón, y de que hay que hacer esfuerzos. Pensaba que con esta expresión se referían al ahorro. Aunque lo único que veo, es que un gobierno que se dice ser socialista, ha llevado a cabo una política de recortes más propios de la “derecha”, y se ha dedicado a desmantelar el estado social.

Sobre esto último, los Gobiernos del PP madrileño y castellano-manchego, y el Gobierno de CIU en Cataluña, tampoco se quedan cortos. Precisamente tocan lo que no hay que tocar, enseñanza y educación. No obstante, me da miedo pensar que la herencia que les han dejado sus antecesores, sea tan traumática que no haya otro remedio a corto-medio plazo. Y por eso, me hago una pregunta: ¿Qué pasará tras las elecciones del 20-N?

Foto: archivo del Eleconomista

Sobre Democracia Real Ya: ¿irás a votar el día de las elecciones?

Lo que aquí se escribe no es más que una simple opinión, como no podría ser de otra manera en un blog donde prima el debate y el intercambio de puntos de vista. A lo largo de esta semana hemos podido ver otra muestra de la indignación de parte de la sociedad respecto al panorama político y socioeconómico actual. Una de las manifestaciones más notorias de ese descontento, han sido las diversas acampadas y manifestaciones, que alrededor de la agrupación “Democracia Real Ya”, se han organizado en diferentes ciudades de España. Todo ello en víspera de unas elecciones municipales y autonómicas importantísimas, debido a la delicada situación de nuestro país.

Efectivamente, hay una serie de problemas que necesitan respuesta y, por lo tanto, resulta lógico que se busquen culpables y responsabilidades sobre los mismos. Sobre todo cuando los principales sospechosos tienen la obligación de resolverlos, y sin embargo parece que no lo hacen. O por lo menos esa es la sensación que de su actitud se desprende. La brecha entre la clase política y los ciudadanos parece que se hace cada vez mayor, ya que las necesidades de éstos no encuentran respuesta en aquellos que en su día fueron elegidos para ello.

La ciudadanía exige responsabilidades

Desde un punto de vista formal, la palabra ciudadano implica que todos somos iguales ante la Ley y que por tanto, tenemos los mismos derechos y obligaciones. El derecho de igualdad es un derecho fundamental, recogido en el art. 14 de la Constitución española del 1978. No obstante, pese a la igualdad formal, existen muchas desigualdades materiales que el Estado, en su faceta de prestacional, debe intentar corregir y solventar en la medida de lo posible, tal y como se desprende del art. 9.2 CE.

Por eso, ante la situación en la que nos encontramos, los ciudadanos exigimos que se trabaje en esa dirección, en la de resolver las necesidades reales de los ciudadanos. La política no debe estar al servicio de unos pocos, para sus beneficios e intereses personales, ya que la política no es sino que el instrumento (potencialmente adecuado) para resolver o gestionar el conflicto social, en un sentido amplio. La ciudadanía exige responsabilidades, y se supone que formalmente está en disposición de hacerlo, pues “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. O al menos eso dice la Carta Magna en su art. 1.2.

¿Quién manda? Si la soberanía reside en el pueblo, se supone que quien dispone de la sociedad son los ciudadanos que la componen. Pero al ver que en la realidad esto no es así ni mucho menos, la gente, entre desánimo y desidia, se hace la siguiente pregunta: ¿Para qué tomarme la molestia de ir a votar un domingo? ¿Qué hacen “ellos” por “nosotros” (como dando por hecho la distinción entre unos y otros, y presuponiendo una brecha insalvable)?

La importancia del voto -VS- ¿Para qué tomarme la molestia de ir a votar un domingo

Pese a que los políticos se alimentan de nuestros votos, también a través de ellos podemos cambiar las cosas. Es la única manera, al menos legalmente y políticamente a día de hoy, que tenemos para expresarnos y conseguir la tan deseada regeneración política. Por eso, pese al evidente y lógico desencanto y rechazo frente a la clase política, es un derecho que tiene una historia, y que debemos ejercer si queremos conseguir que los jugadores de la partida cambien, y jueguen según nuestras reglas. Bueno esto último es más complicado, incluso ocioso. Pero en mi opinión, no ejercer tu derecho a votar, es favorecer a los partidos de siempre, ya que ellos siempre tendrán un número de votos seguros equivalente al número de sus militantes. En suma, no pueden decidir sobre la mayoría de la sociedad, por no haberse tomado la molestia un domingo. ¡Hay que ir a votar!

Sobre la sucesión política: el esperado anuncio del Presidente Zapatero.

El día 2 de abril de 2011 será recordado seguramente por muchas cosas. Pero si hablamos sobre la sucesión política y el intenso debate que sobre ella se ha generado, sin duda se recordará por ser el día en el que, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, se pronunciaba por fin sobre su posible candidatura en las elecciones generales del 2012. Sus palabras exactas las transcribimos a continuación: <<Lo que es una convicción se convirtió en una determinación personal, en una decisión firme y esta es la decisión que hoy os traslado y hago pública: no voy a ser candidato en las próximas elecciones generales>>.

El esperado anuncio del Presidente Zapatero, ha tenido lugar en el Comité Federal Ordinario del PSOE (en el que se han tratado también otros temas como el del Pacto del Euro Plus), para la sorpresa de algunos y el alivio de otros tantos. ¿Significa eso que estamos ante el final del debate sucesorio? Seguramente no, pero por lo menos se ha arrojado un poco de luz sobre el tema. En su conferencia (que pueden encontrar en la página web del PSOE), el presidente Zapatero ha anunciado que los posibles candidatos a la sucesión, deberán concurrir en un proceso de elecciones primarias, para evitar así ser acusados de “dedocracias”.

Sobre la sucesión política: un paso más hacia la meta

Sin duda se trata de un paso más hacia la meta en cuanto a la sucesión política. Lo importante es que se ha arrojado un poco de luz sobre el asunto, ya que se trataba de una situación de incertidumbre, que tenía preocupados a muchos. Ahora faltará ver las reacciones del resto de partidos. Algunos ya se han pronunciado (a fecha de escribir estas líneas) a través de su página web, como es el caso de “Ciutadans” (C´s), cuyo presidente, el Sr. Albert Rivera, ha dicho que <<Zapatero suspende como presidente porque su gestión económica ha sido nefasta>>. Otros seguro no tardarán mucho en pronunciarse.

Ya se ha despejado una de las incógnitas de esta ecuación política. Ahora tocará esperar a ver quien le sucede definitivamente en el cargo. Será interesante ver como las diferentes corrientes de un mismo partido, se manifiestan y se agrupan en torno a una figura carismática o líder, tal vez por convencimiento, o tal vez por la conveniencia de recibir un cargo a modo de gratificación.

Los jugadores van cambiando a lo largo de la partida, pero ésta sigue siendo la misma. Aunque seguro que a los ciudadanos les gustaría que se incorporaran nuevas reglas en este juego democrático, para que la política no sea un “divertimento” de unos pocos. Sobre todo cuando, lo que está en juego, son los intereses supuestamente representados de los ciudadanos. Lo que está claro, es que quien herede la situación política actual, se encontrará con una masa difícil de manejar, tal y como podremos ver dentro de poco tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

El debate sucesorio político.

Podemos decir que en el imaginario social existe la convicción de que hay una brecha entra la clase política y los ciudadanos, que sólo se estrecha en los momentos en que aquellos necesitan renovar su mandato a cambio de nuestro voto. Sin embargo, muchos tienen la sensación, de que las necesidades reales de los ciudadanos, no encuentran respuesta en las medidas y las agendas de nuestros políticos.

En términos jurídicos, una sucesión supone la sustitución del elemento subjetivo de una determinada relación sin que esta sustitución implique la extinción de la relación jurídica. El sucesor, valga la redundancia, ocupa la misma posición que el causante, al producirse ésta, y se hace cargo de todas las relaciones y derechos que no se han extinguido con la sucesión, de acuerdo con el principio de continuidad. Son muchos los debates acerca de la sucesión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y muchos los titulares que hablan o especulan sobre ello. No creo que tardemos mucho en saber la respuesta, aunque ya se postulan algunos candidatos como favoritos, como si de una competición se tratara, para ocupar el puesto. El “favorito” para suceder al actual presidente, y convertirse en secretario general de su partido, es el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, este señor no sucederá en el cargo de Presidente del Gobierno, porque el sucesor del señor Zapatero a la Presidencia, a fecha de hoy, sin duda hay que buscarlo en otras formaciones políticas.

Muchos opinan, que tal sucesión en la secretaría general del partido, no se producirá hasta después de las elecciones municipales, cuyos resultados mostrarán el notable desgaste que ha sufrido el PSOE, acusado de no saber gestionar la crisis y de llevar a cabo políticas basadas en el recorte de libertades y derechos sociales. Otros opinan, que no habrá sucesor hasta después de las elecciones generales del 2012. Aunque es una posibilidad de la que muchos recelan aclamando el fin del “zapaterismo”, hay que contemplarla. Es posible que el señor Zapatero decida presentarse como candidato, con la previsión de unos resultados electorales desastrosos, para que la memoria de tal fracaso en los comicios, recaiga sobre sus espaldas y no sobre las de otro candidato.

El debate sucesorio: el reclamo de un cambio político.

En cualquier caso, la ciudadanía reclama un cambio. Pero no ven claro que ese cambio de persona vaya a suponer un cambio real en cuanto a la satisfacción de sus necesidades por parte de la clase política. Incluso los militantes del PSOE reclaman un cambio, o al menos una respuesta a una pregunta que muchos nos hacemos: ¿se presentará el señor Zapatero de nuevo a las elecciones? No obstante, las motivaciones de los militantes y políticos de esa y otras formaciones, a la hora de resolver esa cuestión, van más allá de la mera curiosidad. En el seno de los partidos grandes (aunque también en los pequeños, aunque con menor intensidad) siempre hay corrientes enfrentadas a favor de uno u otro candidato o líder político. No se trata de una simple cuestión sobre quién va a ser la cara visible del partido durante los próximos años. El apoyo a uno u otro candidato dentro de un mismo partido, puede suponer que dicho apoyo se traduzca en la ocupación de un determinado cargo o responsabilidad, en el supuesto de que “su candidato o líder” salga como favorito dentro del partido. Se trata de unas rivalidades internas, que pese a que podemos decir que siempre están subyacentes en el seno de un partido político, se manifiestan con más intensidad en el momento de la sucesión política.

La cuestión de la sucesión política, en relación con la lucha de las diferentes corrientes internas y del seguidismo de los posibles nuevos sucesores, ha llenado y llenará muchos titulares de prensa. A modo de ejemplo, baste recordar la polémica en torno a la sucesión del PP, con el fin del “aznarismo” entre el señor Mariano Rajoy y el señor Francisco Álvarez-Cascos, cuyo capítulo final se ha manifestado tan solo unas pocas semanas, con la salida del señor Cascos del PP tras 30 años de militancia. Una muestra de cómo el seguidismo de un líder en el seno de un partido, ha hecho que tras la formación de “Foro Asturias”, el nuevo partido del señor Cascos, muchos militantes del PP lo abandonaran para seguir a su candidato en su nuevo proyecto.

Tal vez, la solución de calmar estas rivalidades internas pase por implantar elecciones primarias en el seno de los partidos, o por lo menos para hacer un poco menos traumáticas las sucesiones políticas. Un ejemplo de esto es Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), que utiliza las primarias como un mecanismo normal a la hora de preparar unas elecciones y elaborar su candidatura y sus listas. Para los ciudadanos, se trata de una muestra de cómo la democracia debe ir en los dos sentidos, desde un partido político, para evitar así la dedocracia, o los seguidismos que pueden dificultar un posible cambio positivo y revitalizador en el seno de una formación política.
Habrá un cambio de partido, y el Partido Popular se proclamará vencedor en las próximas elecciones generales. Un triunfo que empezará a ser visible en muchos municipios, a partir del 22 de mayo de este año. Sin embargo, la recuperación de un país no se produce de forma automática con un cambio político. No obstante, sí que supone un cierto aliento de confianza dado el desgaste y la mala gestión, que ha dejado como sensación para los ciudadanos, el actual Gobierno.

Tal y como ocurre en una sucesión, al fallecer el causante, su patrimonio no se disuelve, sino que cambia de titular. La masa hereditaria política que heredará el sucesor, que en este caso lo encontraremos en el PP, no será una herencia atractiva. Tampoco la situación socioeconómica del momento va a hacer que resulte una situación cómoda. No obstante es su obligación gestionar los asuntos del Estado, e intentar cumplir con su parte del contrato electoral, y no dejar que sus programas se conviertan en simples promesas que poco a poco se diluyen en el olvido. No solo no nos olvidamos, sino que estamos en una situación, en el que el Ejecutivo se tendrá que enfrentar a una durísima oposición, por parte del resto de formaciones políticas, pero también por parte del conjunto de ciudadanos (le hayan votado o no), cuya opinión y crítica se expresan cada vez con mayor intensidad, gracias a la era del WEB 2.0.

El político debe saber, que esa brecha a la que hacía referencia al principio del artículo, debe estrecharse imperiosamente, pues la Administración debe estar al servicio del ciudadano. Sobre todo, para dar respuesta a la cláusula social de nuestro Estado de Derecho, y porque estamos en un estado prestacional. Y la sucesión política, puede ser también una buena oportunidad para ello.